Juan José Güemes, el día que dimitió como consejero de Unilabs. / BERNARDO PÉREZ
El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada a principios de mes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra el proceso de privatización de la gestión sanitaria que Esperanza Aguirre emprendió en 2003. La querella se presenta por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 contra varios cargos y excargos, como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y contra las empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.
En su querella, Afem denunciaba supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012. Además, denunciaba "el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes" de la sanidad pública hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas, el llamado 'call center' sanitario. Otra de las alegaciones de Afem es "la ausencia de control en la facturación intercentros y la no reclamación a Capio de 1,5 millones de euros", lo que supondría un perjuicio a la Hacienda pública.
"Se trata de una maniobra política más del Partido socialista y de su sindicato afín. No tiene más significado. Simplemente lo que dice el juez es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín, en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión. Es un acto puramente de trámite", asegura el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, es unas declaraciones grabadas y enviadas a los medios por su Gabinete de prensa.
Afem se querelló contra todos los implicados en el proceso privatizador: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Burgueño Carbonell, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la Parra, representante de Fundación Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela Fernández; exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes Barrios, también exrresponsable de esta cartera, Unilabs y Asisa. Todos los cargos políticos están citados a declarar y deberán acudir con su abogado.
Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.
Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem, --elaborada por el bufete de abogados López Rodó & Cruz Ferrer, cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños-- son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio.
En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.
Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.
El País - Madrid - 21 JUN 2013
El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada a principios de mes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra el proceso de privatización de la gestión sanitaria que Esperanza Aguirre emprendió en 2003. La querella se presenta por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 contra varios cargos y excargos, como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y contra las empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.
En su querella, Afem denunciaba supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012. Además, denunciaba "el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes" de la sanidad pública hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas, el llamado 'call center' sanitario. Otra de las alegaciones de Afem es "la ausencia de control en la facturación intercentros y la no reclamación a Capio de 1,5 millones de euros", lo que supondría un perjuicio a la Hacienda pública.
"Se trata de una maniobra política más del Partido socialista y de su sindicato afín. No tiene más significado. Simplemente lo que dice el juez es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín, en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión. Es un acto puramente de trámite", asegura el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, es unas declaraciones grabadas y enviadas a los medios por su Gabinete de prensa.
Afem se querelló contra todos los implicados en el proceso privatizador: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Burgueño Carbonell, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la Parra, representante de Fundación Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela Fernández; exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes Barrios, también exrresponsable de esta cartera, Unilabs y Asisa. Todos los cargos políticos están citados a declarar y deberán acudir con su abogado.
Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.
Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem, --elaborada por el bufete de abogados López Rodó & Cruz Ferrer, cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños-- son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio.
En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.
Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.
El País - Madrid - 21 JUN 2013
Pues haber si de verdad estos malversadores de dinero público acaban con sus huesos en la cárcel porque en este país es habitual que los delincuentes más grandes siempre escapen. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/01/el-desastre-neoliberal-al-que-nos.html
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