domingo, 30 de junio de 2013
sábado, 29 de junio de 2013
La policía rusa reprime con dureza un acto contra la homofobia
Dos activistas durante las protestas. / OLGA MALTSEVA (AFP)
La policía rusa disolvió este sábado un acto público por los derechos de las minorías sexuales y detuvo a varios manifestantes en San Petersburgo, una de las primeras ciudades en aprobar una ley contra la propaganda homosexual entre menores.
La policía intervino cuando alrededor de 200 enemigos declarados de las minorías sexuales se enfrentaron a varias decenas de personas que salieron a la calle en la segunda ciudad del país para protestar contra la polémica ley contra la propaganda homosexual, que aprobó de manera definitiva este mes la Cámara baja del Parlamento ruso.
Los detractores de las minorías sexuales tiraron huevos, petardos y granadas de humo contra sus oponentes y gritaron consignas como "Sodoma no pasará", según las agencias rusas.
La policía trató de frenar a los más violentos, según Interfax, aunque finalmente optó por disolver a los defensores de las minorías, que se congregaron en un parque de la ciudad habilitado especialmente para celebrar actos públicos sin necesidad de pedir permiso a las autoridades municipales.
El Parlamento ruso prohibió hace pocos más de dos semanas la propaganda de la homosexualidad, una nueva vuelta de tuerca en la campaña del Kremlin para frenar la tolerancia hacia las minorías sexuales en un país que presume de ser la nueva reserva moral de Europa.
La ley, que recibió en su tercera lectura el apoyo de 436 diputados de la Duma o Cámara de Diputados, mientras solo uno se abstuvo y nadie votó en contra, prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad.
Días más tarde, la Duma aprobó otra ley homófoba que prohíbe la adopción de niños rusos por parte de parejas del mismo sexo o de personas solas que residan en países en las que están reguladas las uniones homosexuales.
elpaís.com - EFE - San Petersburgo - 29 JUN 2013
La policía rusa disolvió este sábado un acto público por los derechos de las minorías sexuales y detuvo a varios manifestantes en San Petersburgo, una de las primeras ciudades en aprobar una ley contra la propaganda homosexual entre menores.
La policía intervino cuando alrededor de 200 enemigos declarados de las minorías sexuales se enfrentaron a varias decenas de personas que salieron a la calle en la segunda ciudad del país para protestar contra la polémica ley contra la propaganda homosexual, que aprobó de manera definitiva este mes la Cámara baja del Parlamento ruso.
Los detractores de las minorías sexuales tiraron huevos, petardos y granadas de humo contra sus oponentes y gritaron consignas como "Sodoma no pasará", según las agencias rusas.
La policía trató de frenar a los más violentos, según Interfax, aunque finalmente optó por disolver a los defensores de las minorías, que se congregaron en un parque de la ciudad habilitado especialmente para celebrar actos públicos sin necesidad de pedir permiso a las autoridades municipales.
El Parlamento ruso prohibió hace pocos más de dos semanas la propaganda de la homosexualidad, una nueva vuelta de tuerca en la campaña del Kremlin para frenar la tolerancia hacia las minorías sexuales en un país que presume de ser la nueva reserva moral de Europa.
La ley, que recibió en su tercera lectura el apoyo de 436 diputados de la Duma o Cámara de Diputados, mientras solo uno se abstuvo y nadie votó en contra, prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad.
Días más tarde, la Duma aprobó otra ley homófoba que prohíbe la adopción de niños rusos por parte de parejas del mismo sexo o de personas solas que residan en países en las que están reguladas las uniones homosexuales.
elpaís.com - EFE - San Petersburgo - 29 JUN 2013
‘The New Yorker’ dedica su portada a la causa gay, con Epi y Blas como icono
El semanario The New Yorker ha celebrado la histórica decisión del Tribunal Supremo de EE UU a favor de los derechos de los matrimonios homosexuales con una imagen de los personajes de Barrio Sésamo, Epi y Blas (Beto y Enrique en América Latina), abrazados frente a una pantalla de televisión con los nueve jueces del alto tribunal. La portada que sugiere que la pareja de marionetas es gay ha generado una marea de comentarios a favor y en contra de la elección de la revista.
La portada ha sido diseñada por Jack Hunter, quien publicó el dibujo en Tumblr, antes de que The New Yorker la utilizara para el número de esta semana, bajo el título: Un momento de felicidad. “Es muy emocionante constatar cómo la actitud hacia los derechos de los homosexuales han evolucionado a lo largo de mi vida”, comentó el artista a la revista. “Es genial para nuestros hijos, un momento que debemos de celebrar”, recalcó en alusión a la sentencia del Supremo del pasado miércoles que declaró esta semana inconstitucional la parte de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) que definía el matrimonio como una unión sólo entre un hombre y una mujer, impidiendo a las parejas casadas homosexuales recibir los mismos beneficios federales que las heterosexuales.
La ilustración juega con la idea instalada en el imaginario colectivo de que Epi y Blas son algo más que amigos, Esa noción era tan generalizada que, en 2011, se lanzó en Facebook una campaña impulsada por Change.org, para presionar a los productores de Barrio Sésamo para que permitieran casarse a la pareja. El programa, inmediatamente, emitió un comunicado insistiendo en que Epi y Blas solo eran buenos amigos. “Aunque se identifiquen con personajes masculinos, se trata de marionetas y como tales no tienen ninguna orientación sexual”.
The New Yorker se caracteriza por recoger en sus incisivas portadas los asuntos de máxima actualidad. La semana pasada ilustró la controversia por los programas de vigilancia del Gobierno de EE UU filtrados por un analista de la CIA con un dibujo que mostraba al Tío Sam espiando a través de una ventana a una mujer mientras chateaba desde su móvil y su portátil. La elección de los personajes de Barrio Sésamo no ha pasado desapercibida.
En Twitter muchos han ensalzado la perspicacia de la revista. Mía Farrow, por ejemplo, consideraba que era “una de las mejores portadas del New Yorker”. Sin embargo, otros han censurado a la publicación por falta de sutileza sosteniendo que, al elegir a dos personajes infantiles con una sexualidad cuestionada, en lugar de centrar la atención sobre la importante decisión del Supremo, se desvía hacia una polémica insustancial. Otros, cuestionan la elección alegando que Epi y Blas “no han hecho nada por la defensa de los derechos homosexuales” y que The New Yorker debería haber elegido a verdaderos iconos del movimiento gay.
elpaís.com - Eva Saiz - Washington - 28 JUN 2013
viernes, 28 de junio de 2013
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Cospedal, “que necesita a la Guardia Civil para salir a la calle, porque 4 de cada 5 ciudadanos no la quieren”, busca el “pucherazo electoral”
El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, tras abandonar el pleno.
El Partido Popular dice que el 90% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha (sin presentar el estudio demoscópico que acredite tal afirmación) pide reducir a la mitad el número de diputados “no solo porque suponen un gran ahorro sino un ejemplo de que los políticos se sacrifican igual o más que los ciudadanos”, según las declaraciones en sede parlamentaria del portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares, que se embolsa todos los años la friolera de 80.000 euros, sin que el 90% de los castellano-manchegos sepa porqué y en concepto de qué. En ese preciso momento, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encarcelaba al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por ser “un político sacrificado”.
¿Ahorro? Si los diputados no cobran
El Partido Popular dice que el 90% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha (sin presentar el estudio demoscópico que acredite tal afirmación) pide reducir a la mitad el número de diputados “no solo porque suponen un gran ahorro sino un ejemplo de que los políticos se sacrifican igual o más que los ciudadanos”, según las declaraciones en sede parlamentaria del portavoz del Grupo Popular, Francisco Cañizares, que se embolsa todos los años la friolera de 80.000 euros, sin que el 90% de los castellano-manchegos sepa porqué y en concepto de qué. En ese preciso momento, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encarcelaba al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por ser “un político sacrificado”.
¿Ahorro? Si los diputados no cobran
El caso es que en la tarde del jueves el PP daba luz verde para reducir a la mínima expresión la soberanía popular, la democracia en su sentido más amplio, y todo porque como muy bien dicen los socialistas, que abandonaban el pleno “para no participar de esa pantomima”, Cospedal busca “un pucherazo electoral” con el que perpetuarse en el poder. “¿Pero cómo pueden hablar de ahorro, si hace seis meses Cospedal ordenó quitar el sueldo a todos los diputados de la oposición?” Señalan indignados en el PSOE. Aún es más, su líder, Emiliano García-Page, no duda en asegurar en su facebook que: “No es por ahorro, es porque sabe claramente que hoy mismo perdería las elecciones y no le salen las cuentas. La reforma del Estatuto de Autonomía que quiere Cospedal conlleva un auténtico pucherazo electoral para intentar ganar las elecciones y aferrarse al sillón. No es por ahorro reducir el número de diputados como quiere ahora Cospedal, porque aquí ya no cobra ninguno. Los únicos que cobran son los que están en el Gobierno y los que están a su alrededor”.
Cuatro mentiras, sobresueldos y Bárcenas, a la cárcel
De ahí que el portavoz del PSOE en la Cámara castellano-manchega, José Luis Martínez Guijarro, haya sonrojado a la presidenta del Gobierno castellano-manchego, ausente prácticamente durante todo el pleno (se montó en el coche oficial y abandonó Toledo una hora antes de que Ruz decidiera mandar a la cárcel al extesorero Bárcenas), recordándole sus incumplimientos y mentirás: PRIMERA MENTIRA: “Es mentira que haya un clamor popular para reducir diputados; el mismo debía haber el año pasado cuando los subieron”. SEGUNDA MENTIRA: “Es mentira que reduzcan diputados por ahorro; hace un año los subieron y, de por medio, les han dejado sin sueldo”. TERCERA MENTIRA: “Es mentira que reduzcan diputados por ahorro; Cuando los subieron hace un año dijeron que éramos el Parlamento más austero de España.” CUARTA MENTIRA: “Cospedal miente en todo; Iba a crear empleo, no iba a tocar Sanidad y Educación e iba a reformar la ley electoral por consenso”. Pero aquí no queda la cosa, Guijarro ha movido las entrañas de la bancada popular cuando les ha recordado que, “la gente no discute por la horquilla de si 25 ó 35 diputados, sino por la horquilla de (el ahora presidiario) Bárcenas, si son 11 o 47 millones en Suiza”, para seguidamente sentenciar, “si Cospedal y ustedes quieren dar ejemplo, empiecen por predicarlo y devuelvan los sobresueldos que han cobrado en el PP”, pagados ,claro está, por el delincuente Luis Bárcenas, que compartía firma con la secretaria general del PP en al menos una cuenta bancaria.
Sin precedentes democráticos
Finalmente, el portavoz socialista ha recordado que el intento de Cospedal de reformar el Estatuto castellano-manchego sin consenso previo no tiene precedente, “ni en Castilla-La Mancha ni en ninguna otra comunidad autónoma de España, salvo en el caso del Plan Ibarretxe. ¿Cómo va a explicar esto en el Congreso de los Diputados, señora Cospedal?”, finalizaba diciendo. Y es que es difícil de entender que el PP ponga a disposición de una lideresa tan cuestionada como Cospedal sus 185 diputados para sacar adelante una reforma estatutaria que tendría el lamentable “honor” de ser la primera en España en aprobarse sin el apoyo de otros partidos. Por eso, en el PP no creen que las intenciones de su secretaria general de dar “un golpe de Estado” en Castilla-La Mancha llegue finalmente al Congreso de los Diputados. “Nos pondría a todos en un situación incómoda, sobre todo sabiendo que el Tribunal Constitucional tiraría por tierra este asunto”, reconoce a ELPLURAL.COM un diputado castellano-manchego
“Esperpento y desatino”
Después del ridículo protagonizado por el portavoz el Grupo Popular, Francisco Cañizares, único en el PP que no sabía todavía que el otrora gurú de las finanzas de su partido durante los últimos 20 años había ingresado en prisión por ser “austero, transparente y honrado”, el consejero de Presidencia, Leandro Esteban, intentó enmendar a su compañero (que no suele “enterarse de la misa la mitad”, dice un diputado popular), cargando contra los socialistas y recordándoles que la reforma estatutaria busca que “no haya castas profesionales políticas sino que haya políticos que tengan un oficio”. Nos imaginamos que no se refería al extesorero del PP, asiduo de Suiza donde depositaba millones de euros, que desde el jueves duerme en una celda de la prisión de Soto del
Real.
elplural.com - CARLOS ISERTE - 27/06/2013
DEL PARAÍSO FISCAL A SOTO DEL REAL
Luis Bárcenas ya está en la cárcel de Soto del Real. El extesorero del PP ha ingresado en la prisión madrileña tras ordenarlo el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al constatar que se ha incrementado su riesgo de fuga por haber llevado fondos a Estados Unidos y Uruguay desde sus cuentas no bloqueadas.
El magistrado ha adoptado esta resolución después de interrogar a Bárcenas durante casi dos horas y durante 45 minutos a su mujer, Rosalía Iglesias, por los tres nuevos delitos (falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y blanqueo de capitales) de los que están acusados por simular la venta de cuadros a una supuesta marchante argentina con el objetivo de blanquear casi 560.000 euros.
En el auto de prisión, el juez estima que es procedente esta medida -tras la información remitida por Suiza- para asegurar su presencia en el proceso, evitando el riesgo de fuga y asegurando al mismo tiempo la preservación de fuentes de prueba relacionadas con los presuntos delitos objeto de imputación.
Ruz entiende que estando Bárcenas en la cárcel se evita la alteración de pruebas por parte del imputado. La Fiscalía Anticorrupción había pedido previamente el ingreso en prisión incondicional de Bárcenas, al igual que la acusación popular en esta causa, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE).
El juez indica que, a pesar de que el imputado ha cumplido hasta el momento con las medidas cautelares que le fueron impuestas -retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparencias quincenales-, "a día de hoy deben ser tenidas en cuenta nuevas circunstancias".
Entre ellas destaca "la elevada penalidad que se asocia a los delitos que se le imputan", la alta previsión de responsabilidad pecuniaria que llevan aparejados y su nueva imputación en la pieza en la que se investiga la presunta contabilidad B del PP.
Ruz recuerda, además, que el exsenador cuenta "con patrimonio en el extranjero de difícil control e incautación judicial y pone de manifiesto que "durante los años 2011, 2012 y 2013 continuó disponiendo libremente de los fondos en Suiza" y contó con capacidad de "gestión activa" sobre ellos.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional ha coincidido con el viaje del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Bruselas, donde está participando en el Consejo Europeo. Fuentes de La Moncloa han señalado allí que "respetan las decisiones judiciales".
El extesorero del PP es el cuarto implicado en la trama Gürtel que ingresa en prisión, aunque los otros tres ya salieron de la cárcel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez).
LA DEFENSA RECURRIRÁ LA PRISIÓN
La defensa del extesorero del PP ha anunciado que recurrirá su ingreso en prisión porque considera que no hay riesgo de fuga como argumenta el juez.
Alfonso Trallero, el abogado de Bárcenas, ha defendido la inocencia de su cliente y se ha quejado de que haya sido enviado a Soto del Real por su patrimonio en dos bancos de Ginebra.
"Lo que no se puede decir es que porque uno tenga 25, 30 ó 40 millones de euros en Suiza, esos 40 millones tienen un origen delictivo", ha aseverado.
LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS Y SU MUJER
Antes de escuchar la orden de prisión, Bárcenas se ha defendido ante el juez Ruz. El extesorero ha negado la versión de la falsa marchante argentina Isabel Mackinlay y ha reivindicado la legalidad de todas las operaciones bancarias que realizó en Suiza.
El extesorero ha asegurado que los ingresos procedían de sus negocios inmobiliarios, de "jugadas afortunadas" en Bolsa y de un grupo de inversores a los que representaba y de los que no ha querido dar ningún otro dato.
En su turno, su esposa ha afirmado que confiaba plenamente en todas las gestiones que llevaba a cabo su marido y por eso firmaba todo lo que le decía que tenía que firmar, sin mirar lo que el extesorero del PP le ponía delante.
EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: 27/06/2013
jueves, 27 de junio de 2013
Echenique: la presencia de Ana Ibáñez en un acto con Rajoy “da prestigio” a TVE
El presidente de RTVE Leopoldo González-Echenique durante la comisión. / BERNARDO PÉREZ
Fue la tercera de una larga lista de preguntas al presidente de RTVE. Leopoldo González-Echenique ha respondido en la comisión mixta (Congreso-Senado) de control de RTVE a la consulta presentada por el diputado valenciano del Grupo Mixto Joan Baldoví sobre la presencia de la periodista del ente público Ana Ibañez como presentadora en un acto clausurado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. La conductora del programa La noche en 24 horas ejerció de presentadora en la asamblea anual de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), un acto privado celebrado el pasado martes 18 de julio en el Palacio de Congresos del Campo de la Naciones de Madrid, que desato una fuerte polémica en el seno de la televisión pública.
El presidente de RTVE fue tajante en su contestación: “No tengo ninguna objeción al respecto, me parece que se trata no tanto de un acto privado sino de un acto más institucional de una organización de referencia en España como es la CEOE y el hecho de que nuestros profesionales, como vienen haciendo desde hace años, sean llamados para presentar estos eventos de tanta relevancia merece una valoración positiva”. “La CEOE requirió la presencia de Ana Ibañez para moderar un debate entre cuatro ponentes y ejercer de maestra de ceremonias, una intervención muy habitual en profesionales del prestigio y el talante de Ana Ibañez”, señaló.
Fue la tercera de una larga lista de preguntas al presidente de RTVE. Leopoldo González-Echenique ha respondido en la comisión mixta (Congreso-Senado) de control de RTVE a la consulta presentada por el diputado valenciano del Grupo Mixto Joan Baldoví sobre la presencia de la periodista del ente público Ana Ibañez como presentadora en un acto clausurado por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. La conductora del programa La noche en 24 horas ejerció de presentadora en la asamblea anual de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), un acto privado celebrado el pasado martes 18 de julio en el Palacio de Congresos del Campo de la Naciones de Madrid, que desato una fuerte polémica en el seno de la televisión pública.
El presidente de RTVE fue tajante en su contestación: “No tengo ninguna objeción al respecto, me parece que se trata no tanto de un acto privado sino de un acto más institucional de una organización de referencia en España como es la CEOE y el hecho de que nuestros profesionales, como vienen haciendo desde hace años, sean llamados para presentar estos eventos de tanta relevancia merece una valoración positiva”. “La CEOE requirió la presencia de Ana Ibañez para moderar un debate entre cuatro ponentes y ejercer de maestra de ceremonias, una intervención muy habitual en profesionales del prestigio y el talante de Ana Ibañez”, señaló.
Ana Ibáñez, conductora de `La noche en 24 horas'
En su turno de réplica, Joan Baldoví le ha preguntado sobre si le hubiera parecido bien que Ana Ibañez estuviera presente en algún acto de organizaciones de referencia como en una reunión de los sindicatos donde se criticara la reforma laboral o en uno de los afectados por las hipotecas. González-Echenique ve “normal que en este tipo de actos participen periodistas en general y periodistas vinculados profesionalmente o laboralmente con las corporaciones audiovisuales”. En el caso de Ana Ibañez, recalcó, “no pusimos ninguna objeción para que participase en ese acto”. “No pasa nada, es una práctica muy aquilatada y además nos consolida y da prestigio como cadena y como corporación audiovisual”, concluyó.
Estas aclaraciones chocan frontalmente con la opinión de algunos profesionales de TVE que consideraron que los periodistas de la cadena no debían participar en actos "de marcado carácter político, como era este", insistiendo en reclamar la independencia de la radio y la televisión pública para evitar que RTVE se convierta en un medio progubernamental.
elpaís.com - Fernando Morales - Madrid - 26 JUN 2013
En su turno de réplica, Joan Baldoví le ha preguntado sobre si le hubiera parecido bien que Ana Ibañez estuviera presente en algún acto de organizaciones de referencia como en una reunión de los sindicatos donde se criticara la reforma laboral o en uno de los afectados por las hipotecas. González-Echenique ve “normal que en este tipo de actos participen periodistas en general y periodistas vinculados profesionalmente o laboralmente con las corporaciones audiovisuales”. En el caso de Ana Ibañez, recalcó, “no pusimos ninguna objeción para que participase en ese acto”. “No pasa nada, es una práctica muy aquilatada y además nos consolida y da prestigio como cadena y como corporación audiovisual”, concluyó.
Estas aclaraciones chocan frontalmente con la opinión de algunos profesionales de TVE que consideraron que los periodistas de la cadena no debían participar en actos "de marcado carácter político, como era este", insistiendo en reclamar la independencia de la radio y la televisión pública para evitar que RTVE se convierta en un medio progubernamental.
elpaís.com - Fernando Morales - Madrid - 26 JUN 2013
El Tribunal Supremo de EE UU apoya la igualdad de los matrimonios gais
CELEBRACIÓN EN EE UU. Activistas y ciudadanos celebran el fallo del Tribunal Supremo que apoya la igualdad de derechos para los matrimonios gais / M. A. (AFP)
La causa del matrimonio entre parejas del mismo sexo ha recibido un formidable respaldo del Tribunal Supremo de Estados Unidos con dos sentencias que, sin entrar en su legalidad en el conjunto del país, consagran la igualdad de derechos de los homosexuales y despejan el camino para el reconocimiento universal de una realidad que cambiará para siempre la fisonomía de esta sociedad. De paso, los nueve jueces veladores de la Constitución norteamericana aportan argumentos contundentes a favor de un movimiento que avanza incontenible en todo el mundo.
En dos decisiones muy ajustadas que coronan varios años de esfuerzos individuales, apasionado debate público y múltiples procesos judiciales, el Supremo ha declarado inconstitucional la ley que limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, y ha rechazado la decisión del estado de California de prohibir el matrimonio gay. Con estas medidas –ambas adoptadas por 5 contra 4-, los magistrados están advirtiendo que los homosexuales casados están protegidos por los mismos derechos y amparados por las mismas leyes que los heterosexuales, incluidos todos los beneficios sociales, y, probablemente, aunque esto aún motivo de interpretación, que nadie puede abrogarse el poder de prohibir expresamente los matrimonios gais.
El Supremo no se pronuncia sobre la legalidad de esos matrimonios en todo el país. Es decir, no defiende expresamente la necesidad de una ley federal que permita las uniones entre homosexuales, entre otras razones, porque no era esa la cuestión que había llegado hasta esa instancia. Pero respalda todas las decisiones judiciales previas a favor del matrimonio gay y rechaza todos los argumentos presentados en su contra. Como se hizo visible desde las primeras reacciones, ha sido una histórica victoria para la causa homosexual y una amarga derrota de los defensores del matrimonio tradicional.
Argumentando en nombre de la mayoría, el juez Anthony Kennedy sostuvo que la DOMA, la ley que define el matrimonio como una institución entre hombre y mujer –que fue aprobada en 1996 y firmada por Bill Clinton, quien después expresó su arrepentimiento- “viola la Quinta Enmienda de la Constitución al hacer unos matrimonios más respetados que otros”. En la opinión en nombre de la minoría, Antonin Scalia, dijo que sus compañeros que votaron diferente creen que “esto es una historia en blanco en negro, cuando la realidad es mucho más compleja”. En la decisión contra definición del matrimonio, Kennedy, el centrista que suele oscilar, se sumó a los cuatro progresista. En el caso de la ley de California, la mayoría estuvo conformada por dos conservadores y tres progresistas.
El presidente Barack Obama se felicitó por “esta victoria para las parejas que llevan mucho tiempo luchando por ser tratadas por igual ante la ley, para los hijos de matrimonios que ahora tendrán que ser reconocidos como legítimos, para las familias que tendrán el respeto y protección que merecen, para los amigos y seguidores que han trabajado mucho para convencer a la nación de que este cambio era para mejor”.
Obama, que ha ido evolucionando en los últimos años hasta su pleno respaldo al matrimonio homosexual, tiene ahora por delante una ardua tarea para adaptar todas las leyes del país referidas al matrimonio de forma que se garantice hasta el mínimo detalle el cumplimiento de la decisión del Supremo.
“Hoy es un gran día para Estados Unidos. Hoy vamos a regresar a California y vamos a poder casarnos. Hoy vamos a ser todos un poco más iguales”, manifestó Kristin Perry, una de las demandantes de la ley de California, conocida como Proposición 8. Edith Windsor, la persona que llevó hasta aquí su batalla contra la DOMA, se alegró de que “ahora todos los niños de matrimonios gais tendrán la misma dignidad que el resto”. Otro de los firmantes de la demanda contra la Proposición 8, Paul Katami recordó que, pese al progreso obtenido en el día de ayer, “la igualdad no es aún total y es necesario seguir luchando”.
Con estas sentencias, serán ya 13 los estados que permitan el matrimonio homosexual. Cuando se consume su legalización en California, un 30% de los norteamericanos vivirán en territorios amparados por ese derecho. Pero el Supremo, en efecto, no se pronuncia sobre la situación en los estados en los que no existe aún la posibilidad de casarse para los homosexuales ni les obliga a sumarse a esa iniciativa.
Tampoco era esa su misión en esta oportunidad. Los magistrados tenían que decidir sobre el caso de una mujer a la que se obligaba a pagar unos impuestos sobre la herencia de su difunta esposa de los que están excluidos los matrimonios heterosexuales. La DOMA contiene otro apartado en el que pide a los estados que no reconozcan las bodas gais, pero ese aspecto no estaba a consideración en el tribunal. En el caso de la Proposición 8, lo que hacen los jueces es invalidarla por razones técnicas y negarle a los proponentes la posibilidad de apelación, con lo que, en la práctica, se autoriza el matrimonio en ese estado.
El Supremo ha ido, por tanto, todo lo lejos que podía ir en esta ocasión, y sienta una doctrina que, sin duda, será utilizada por los activistas gais para tratar de extender sus derechos hasta aquellos lugares en los que todavía no los tienen. Las decisiones del Supremo suelen son la base de algunas de las principales transformaciones experimentadas por este país a lo largo de su historia. Fue una sentencia de ese tribunal en 1973 lo que permitió legalizar el aborto o lo que acabó en 1954 con la discriminación racial en las escuelas.
Como en esas y otras fechas históricas, el Supremo se hace eco en esta ocasión de un estado de opinión en la calle que, de forma paulatina, ha progresado hacia la aceptación del matrimonio homosexual. Si en 2004 eran poco más del 30% los norteamericanos que lo respaldaban, en 2008 se avanzó hasta el 44% y hoy ha llegado hasta el 55%.
También, como ocurrió con el aborto, los opositores del matrimonio homosexual buscarán ahora las vías legales para continuar su lucha contra una decisión que, para grupos religiosos y otros, constituye un ataque a las tradiciones y los valores humanos. El líder de los republicanos en el Congreso, John Boehner, declaró que confía en que “el debate sobre el matrimonio continúe en la plaza pública y en que los estados definan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer”.
elpaís.com - Antonio Caño - Washington - 26 JUN 2013
La causa del matrimonio entre parejas del mismo sexo ha recibido un formidable respaldo del Tribunal Supremo de Estados Unidos con dos sentencias que, sin entrar en su legalidad en el conjunto del país, consagran la igualdad de derechos de los homosexuales y despejan el camino para el reconocimiento universal de una realidad que cambiará para siempre la fisonomía de esta sociedad. De paso, los nueve jueces veladores de la Constitución norteamericana aportan argumentos contundentes a favor de un movimiento que avanza incontenible en todo el mundo.
En dos decisiones muy ajustadas que coronan varios años de esfuerzos individuales, apasionado debate público y múltiples procesos judiciales, el Supremo ha declarado inconstitucional la ley que limita el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, y ha rechazado la decisión del estado de California de prohibir el matrimonio gay. Con estas medidas –ambas adoptadas por 5 contra 4-, los magistrados están advirtiendo que los homosexuales casados están protegidos por los mismos derechos y amparados por las mismas leyes que los heterosexuales, incluidos todos los beneficios sociales, y, probablemente, aunque esto aún motivo de interpretación, que nadie puede abrogarse el poder de prohibir expresamente los matrimonios gais.
El Supremo no se pronuncia sobre la legalidad de esos matrimonios en todo el país. Es decir, no defiende expresamente la necesidad de una ley federal que permita las uniones entre homosexuales, entre otras razones, porque no era esa la cuestión que había llegado hasta esa instancia. Pero respalda todas las decisiones judiciales previas a favor del matrimonio gay y rechaza todos los argumentos presentados en su contra. Como se hizo visible desde las primeras reacciones, ha sido una histórica victoria para la causa homosexual y una amarga derrota de los defensores del matrimonio tradicional.
Argumentando en nombre de la mayoría, el juez Anthony Kennedy sostuvo que la DOMA, la ley que define el matrimonio como una institución entre hombre y mujer –que fue aprobada en 1996 y firmada por Bill Clinton, quien después expresó su arrepentimiento- “viola la Quinta Enmienda de la Constitución al hacer unos matrimonios más respetados que otros”. En la opinión en nombre de la minoría, Antonin Scalia, dijo que sus compañeros que votaron diferente creen que “esto es una historia en blanco en negro, cuando la realidad es mucho más compleja”. En la decisión contra definición del matrimonio, Kennedy, el centrista que suele oscilar, se sumó a los cuatro progresista. En el caso de la ley de California, la mayoría estuvo conformada por dos conservadores y tres progresistas.
El presidente Barack Obama se felicitó por “esta victoria para las parejas que llevan mucho tiempo luchando por ser tratadas por igual ante la ley, para los hijos de matrimonios que ahora tendrán que ser reconocidos como legítimos, para las familias que tendrán el respeto y protección que merecen, para los amigos y seguidores que han trabajado mucho para convencer a la nación de que este cambio era para mejor”.
Obama, que ha ido evolucionando en los últimos años hasta su pleno respaldo al matrimonio homosexual, tiene ahora por delante una ardua tarea para adaptar todas las leyes del país referidas al matrimonio de forma que se garantice hasta el mínimo detalle el cumplimiento de la decisión del Supremo.
“Hoy es un gran día para Estados Unidos. Hoy vamos a regresar a California y vamos a poder casarnos. Hoy vamos a ser todos un poco más iguales”, manifestó Kristin Perry, una de las demandantes de la ley de California, conocida como Proposición 8. Edith Windsor, la persona que llevó hasta aquí su batalla contra la DOMA, se alegró de que “ahora todos los niños de matrimonios gais tendrán la misma dignidad que el resto”. Otro de los firmantes de la demanda contra la Proposición 8, Paul Katami recordó que, pese al progreso obtenido en el día de ayer, “la igualdad no es aún total y es necesario seguir luchando”.
Con estas sentencias, serán ya 13 los estados que permitan el matrimonio homosexual. Cuando se consume su legalización en California, un 30% de los norteamericanos vivirán en territorios amparados por ese derecho. Pero el Supremo, en efecto, no se pronuncia sobre la situación en los estados en los que no existe aún la posibilidad de casarse para los homosexuales ni les obliga a sumarse a esa iniciativa.
Tampoco era esa su misión en esta oportunidad. Los magistrados tenían que decidir sobre el caso de una mujer a la que se obligaba a pagar unos impuestos sobre la herencia de su difunta esposa de los que están excluidos los matrimonios heterosexuales. La DOMA contiene otro apartado en el que pide a los estados que no reconozcan las bodas gais, pero ese aspecto no estaba a consideración en el tribunal. En el caso de la Proposición 8, lo que hacen los jueces es invalidarla por razones técnicas y negarle a los proponentes la posibilidad de apelación, con lo que, en la práctica, se autoriza el matrimonio en ese estado.
El Supremo ha ido, por tanto, todo lo lejos que podía ir en esta ocasión, y sienta una doctrina que, sin duda, será utilizada por los activistas gais para tratar de extender sus derechos hasta aquellos lugares en los que todavía no los tienen. Las decisiones del Supremo suelen son la base de algunas de las principales transformaciones experimentadas por este país a lo largo de su historia. Fue una sentencia de ese tribunal en 1973 lo que permitió legalizar el aborto o lo que acabó en 1954 con la discriminación racial en las escuelas.
Como en esas y otras fechas históricas, el Supremo se hace eco en esta ocasión de un estado de opinión en la calle que, de forma paulatina, ha progresado hacia la aceptación del matrimonio homosexual. Si en 2004 eran poco más del 30% los norteamericanos que lo respaldaban, en 2008 se avanzó hasta el 44% y hoy ha llegado hasta el 55%.
También, como ocurrió con el aborto, los opositores del matrimonio homosexual buscarán ahora las vías legales para continuar su lucha contra una decisión que, para grupos religiosos y otros, constituye un ataque a las tradiciones y los valores humanos. El líder de los republicanos en el Congreso, John Boehner, declaró que confía en que “el debate sobre el matrimonio continúe en la plaza pública y en que los estados definan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer”.
elpaís.com - Antonio Caño - Washington - 26 JUN 2013
miércoles, 26 de junio de 2013
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'Me encanta', nuevo videoclip de Nancys Rubias dirigido por Alejandro Amenábar
Ya vimos un adelanto de la gestación de este tema en ‘Alaska y Mario‘ (MTV), pero por fin ya podemos escuchar enterito ‘Me encanta‘ de las Nancys Rubias. Evidentemente, se trata de una versión de ‘I love it‘ de Icona Pop, que lleva unos meses dando muy fuerte.
Además, el videoclip está dirigido por el mismísimo Alejandro Amenábar y eso se nota, claro, porque me atrevería a decir que el vídeo mola mucho más que la canción. Aunque eso sí, el marido de Alaska es todo un showman y lo vuelve a dejar claro en este videoclip ambientado en la película ‘La naranja mecánica‘ de Stanley Kubrick.
ambienteg.com - JaviM - 25.06.2013
La vida normal de un número uno
Anatolio, en el Paseo de Dr. Vallejo Nágera, en Acacias. / kike para
Le llaman Anato, Anacleto, Anasta, Anabólico o Tony, entre la burla y el cariño. Salvo por algunas maldades de los niños en Primaria, el madrileño de 18 años que ha sacado la mejor nota en selectividad —un 9,95— y se ha empeñado en usarlo para defender la enseñanza pública, vive encantado con su nombre. “Todo el mundo se acuerda de Anatolio”, suelta con una sonrisa que le estrecha los ojos. Su madre se resistía a que su hijo heredara el nombre de su abuelo y de su padre. Decía que le podía estigmatizar. Nada más lejos.
Criado en el barrio de Acacias, en una familia de clase media alta, Anatolio Alonso no forma parte de ningún club de lectura, de ajedrez o scrabble. De cuerpo atlético, gestos de haber roto algún que otro plato e incansable idealismo. Entre sus amigos —Gómez, Germán, David y Lloren— se le ve suelto y risueño. Hablan por igual tanto de chicas, como de los efectos de los recortes en la enseñanza pública; del “quién se enrolla con quién” al “solo traen materiales a la escuela para hacerse la foto”. Parece simplemente un grupo algo adelantado a su edad, más universitarios que chicos que acaban de examinarse de la selectividad. A veces se equivocarán, otras podrían pecar de ingenuidad; muchas, seguro que aciertan.
Para Anatolio y su pandilla, “el barrio es sagrado”. Los viernes, después de pasar por el Instituto Británico, donde cursa el nivel más avanzado, Anatolio se reúne con ellos en el parque de Peñuelas, a escasos metros del Instituto Juan de la Cierva, donde se conocieron. Un espacio con albero, columpios, alguna zona verde y una fuente seca. “No quedamos para beber. Si acaso, alguna sangría”, asegura. Si no están por allí, se les puede ver por el Pasi (Paseo del doctor Vallejo) y si no, van a Lavapiés o Malasaña. “Cada vez queda menos gente para salir en el barrio”, comentan.
Lo de Anabólico se lo dicen por su obsesión con el deporte. De segundo de Primaria hasta el año pasado, su dedicación era el baloncesto. Entonces cambió al atletismo. Los martes y jueves va a hacer sesiones con su entrenador en el Polideportivo Municipal de Orcasitas. Los lunes, miércoles y viernes sale a correr por su cuenta a El Retiro o a Madrid Río. Sus amigos bromean diciendo que cuando aparecen las chicas, aprovecha para quitarse la camiseta de manera indisimulada.
Contra lo que pueda parecer, Anato no pisa una biblioteca. Ha estudiado para los exámenes de selectividad en su casa. “Me pongo una hora y luego descanso. No tengo un método”, explica. De sus padres, Anatolio Alonso, subdirector del Fondo Eurpeo de Desarollo Regional (FEDER), y Laura Crespo, investigadora, ha heredado las buenas notas y las inquietudes. “Nunca me han forzado a estudiar o me han exigido nada”, señala.
Marisa Aguirre, que fue profesora y tutora de Anatolio, dice que no es “ni pedante ni líder, pero sí totalmente integrado con sus compañeros”. Él tiene decidido que va a estudiar medicina, y en el futuro no le importaría meterse en política, pero tiene sus reparos. “En las juventudes de los partidos no llega el que más se lo merece. Alguien tendrá que meterse ahí para reventarlo por dentro”, exclama.
Lo cierto es que parece que apunta maneras. Su discurso enseguida se encauza en aquello que quiere transmitir. “¿Por qué dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades en educación si hay niños sin escolarizar? ¿Por qué en sanidad todavía hay listas de espera?”, se pregunta moviendo los brazos para marcar el ritmo.
Su amigo Gómez tira de anecdotario para describirlo. “Estamos con dos chicas y, de repente, se pone a hablar de los milicianos de la Guerra Civil, y claro, me lo tengo que llevar”, bromea.
En realidad este es un tema que le apasiona. Lector de Manuel Chaves Nogales, del que destaca su A sangre y fuego, y admirador de Manuel Azaña, le interesa sobre todo las historias de las Brigadas Internacionales: “Gente de distintos países que luchaba por sus ideas”. Dicen sus amigos que él también es un idealista y que incluso en los momentos más inoportunos se empeña en razonar.
Ahora, tras el estudio, toca vacaciones en Gandía. “No creas que vamos en plan intelectual”, concluye.
elpaís.com - Antonio Nieto - Madrid - 25 JUN 2013
Le llaman Anato, Anacleto, Anasta, Anabólico o Tony, entre la burla y el cariño. Salvo por algunas maldades de los niños en Primaria, el madrileño de 18 años que ha sacado la mejor nota en selectividad —un 9,95— y se ha empeñado en usarlo para defender la enseñanza pública, vive encantado con su nombre. “Todo el mundo se acuerda de Anatolio”, suelta con una sonrisa que le estrecha los ojos. Su madre se resistía a que su hijo heredara el nombre de su abuelo y de su padre. Decía que le podía estigmatizar. Nada más lejos.
Criado en el barrio de Acacias, en una familia de clase media alta, Anatolio Alonso no forma parte de ningún club de lectura, de ajedrez o scrabble. De cuerpo atlético, gestos de haber roto algún que otro plato e incansable idealismo. Entre sus amigos —Gómez, Germán, David y Lloren— se le ve suelto y risueño. Hablan por igual tanto de chicas, como de los efectos de los recortes en la enseñanza pública; del “quién se enrolla con quién” al “solo traen materiales a la escuela para hacerse la foto”. Parece simplemente un grupo algo adelantado a su edad, más universitarios que chicos que acaban de examinarse de la selectividad. A veces se equivocarán, otras podrían pecar de ingenuidad; muchas, seguro que aciertan.
Para Anatolio y su pandilla, “el barrio es sagrado”. Los viernes, después de pasar por el Instituto Británico, donde cursa el nivel más avanzado, Anatolio se reúne con ellos en el parque de Peñuelas, a escasos metros del Instituto Juan de la Cierva, donde se conocieron. Un espacio con albero, columpios, alguna zona verde y una fuente seca. “No quedamos para beber. Si acaso, alguna sangría”, asegura. Si no están por allí, se les puede ver por el Pasi (Paseo del doctor Vallejo) y si no, van a Lavapiés o Malasaña. “Cada vez queda menos gente para salir en el barrio”, comentan.
Lo de Anabólico se lo dicen por su obsesión con el deporte. De segundo de Primaria hasta el año pasado, su dedicación era el baloncesto. Entonces cambió al atletismo. Los martes y jueves va a hacer sesiones con su entrenador en el Polideportivo Municipal de Orcasitas. Los lunes, miércoles y viernes sale a correr por su cuenta a El Retiro o a Madrid Río. Sus amigos bromean diciendo que cuando aparecen las chicas, aprovecha para quitarse la camiseta de manera indisimulada.
Contra lo que pueda parecer, Anato no pisa una biblioteca. Ha estudiado para los exámenes de selectividad en su casa. “Me pongo una hora y luego descanso. No tengo un método”, explica. De sus padres, Anatolio Alonso, subdirector del Fondo Eurpeo de Desarollo Regional (FEDER), y Laura Crespo, investigadora, ha heredado las buenas notas y las inquietudes. “Nunca me han forzado a estudiar o me han exigido nada”, señala.
Marisa Aguirre, que fue profesora y tutora de Anatolio, dice que no es “ni pedante ni líder, pero sí totalmente integrado con sus compañeros”. Él tiene decidido que va a estudiar medicina, y en el futuro no le importaría meterse en política, pero tiene sus reparos. “En las juventudes de los partidos no llega el que más se lo merece. Alguien tendrá que meterse ahí para reventarlo por dentro”, exclama.
Lo cierto es que parece que apunta maneras. Su discurso enseguida se encauza en aquello que quiere transmitir. “¿Por qué dicen que vivimos por encima de nuestras posibilidades en educación si hay niños sin escolarizar? ¿Por qué en sanidad todavía hay listas de espera?”, se pregunta moviendo los brazos para marcar el ritmo.
Su amigo Gómez tira de anecdotario para describirlo. “Estamos con dos chicas y, de repente, se pone a hablar de los milicianos de la Guerra Civil, y claro, me lo tengo que llevar”, bromea.
En realidad este es un tema que le apasiona. Lector de Manuel Chaves Nogales, del que destaca su A sangre y fuego, y admirador de Manuel Azaña, le interesa sobre todo las historias de las Brigadas Internacionales: “Gente de distintos países que luchaba por sus ideas”. Dicen sus amigos que él también es un idealista y que incluso en los momentos más inoportunos se empeña en razonar.
Ahora, tras el estudio, toca vacaciones en Gandía. “No creas que vamos en plan intelectual”, concluye.
elpaís.com - Antonio Nieto - Madrid - 25 JUN 2013
Una niña transexual de seis años gana una demanda civil en Colorado
Coy Mathis de seis años. Imagen de la organización Transgender Legal Defense and Education Fund
Coy Mathis nació con sexo masculino pero se ha identificado a sí misma como una mujer desde que tenía cuatro años. La niña lleva varios meses estudiando en su casa desde que el pasado diciembre las autoridades de su colegio informaran a sus padres de que no podría seguir usando los lavabos de niñas y que tendría que utilizar el de niños o los de la enfermería del centro.
Sus padres, con la ayuda de la Transgender Legal and Defense Education Fund (TLDEF, en sus siglas de inglés), interpusieron una denuncia alegando que el centro había violado los derechos de su hija y el estatuto antidiscriminación de 2008 de Colorado que se aplica a los transexuales. El lunes la justicia del Estado de Colorado se puso de su lado.
Según los expertos, la resolución podría tener importantes repercusiones en el resto del país en cuanto a la protección de los derechos de los niños transexuales. Con esta sentencia debajo del brazo, la pequeña Mathis volverá a la escuela.
"Lo que ha sucedido es increíble y no es solo una victoria para Coy, es una victoria para cada niño transexual de todo el Estado", declaró la madre, Kathryn Mathis, a la cadena televisiva ABC. "Es para todos estos menores, para su futuro, para que se les permita ser lo que son. Y lo más importante, no tendrán que pasar su infancia siendo discriminados. Mi hija no entiende lo que ha ocurrido, pero es muy importante", añadió.
De acuerdo con la TLDEF, la sentencia es la primera de estas características en Estados Unidos y "la más tolerante y comprensiva en relación al acceso de los transexuales a los baños con los que ellos se identifican sin vergüenza ni discriminación".
Coy, trilliza que fue inscrita como niño al nacer, siempre ha actuado como una chica, algo que según sus padres empezaron a percibir desde que tuvo 18 meses. Desde preescolar, la niña ha acudido a clase con ropa femenina, sus compañeros y profesores se han referido a ella como una mujer y siempre ha usado los mismos baños que cualquiera de sus compañeras.
A mediados de diciembre del año pasado esta situación cambió. El distrito 8 de Fountain-Fort Carson informó a los padres de Coy de que la menor ya no podría usar los cuartos de baño de niñas tras las vacaciones de navidad, puntualizando que debería usar los de los chicos, los del personal docente o los situados en la enfermería.
"La decisión del distrito tiene como fin prever el posible impacto que pueda tener para la comunidad educativa que un niño con órganos genitales masculinos use el baño de chicas". A pesar de que ninguno de los alumnos ni de los profesores se percató de que Coy es físicamente un niño, el colegio alegó que el miedo desarrollado a este respecto por parte de la comunidad escolar se volvería "insoportable". La situación empujó a los padres a sacar a Mathis de la escuela.
Mientras su hermano Max se dedica a jugar con dinosaurios, ella juega con muñecas, continúan los documentos jurídicos. A los cuatro años, Coy ya le dijo a sus padres que pasaba "algo raro con su cuerpo". En ese momento, sus progenitores decidieron acudir a un especialista. El médico le diagnosticó un trastorno de la identidad sexual.
Esta trastorno hace referencia a sentir un malestar persistente acerca de la condición sexual, junto al deseo de pertenecer al otro sexo. No es un cambio de hábitos o de conductas sino una alteración profunda de ser hombre o mujer.
De momento, y debido a su edad prematura, los médicos no han recomendado operar a la niña ni prescribirle un tratamiento de hormonas hasta que llegue a la adolescencia, aunque "los padres deben permitir que su hija viva como una niña", según explica el texto.
Según la TLDEF, 17 Estados y el distrito de Columbia ofrecen algún tipo de protección legal para las personas transexuales. En EE UU, cada vez son más los colegios que prestan atención a los niños transexuales, aunque no existe un pensamiento muy uniforme al respecto. Mientras que en Colorado la Ley de Antidiscriminación prohíbe el acoso y la discriminación a estos alumnos en los colegios públicos, el último informe realizado a este respecto por el Centro por la Igualdad de los Gais y Lesbianas en 2011 concluyó que la discriminación era persistente en cada uno de los sistemas e instituciones de la nación.
elpaís.com - Carolina García - Washington - 25 JUN 2013
martes, 25 de junio de 2013
Wert hace el ridículo: presume de ser quien más becas da pero se queda en blanco si le pides cifras
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“Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Esta máxima de Joseph Goebbels es uno de los pilares fundamentales de la teoría de la propaganda nazi… y llega hasta nuestros días. En las últimas semanas hemos visto a Fátima Báñez repetir el mantra de que el Gobierno de “Rajoy es el más reformista de la democracia”, aunque no se aporten pruebas de ello. Y esa estrategia también la ha seguido José Ignacio Wert en la reciente campaña en la que le ha embarcado el Ejecutivo para mejorar su paupérrima imagen (los ciudadanos le dan 1,27 de nota en el último CIS). La cantinela del ministro de Educación es repetir hasta la saciedad que el Gobierno del PP es el que más dinero ha destinado a becas “en la historia de España”… pero hoy el tiro le ha salido por la culata.
Ha sido durante su entrevista en Los desayunos de TVE (la semana pasada fue su número dos Montserrat Gormendio, la que pasó por el programa de Mariló Montero y donde se pusieron “a su servicio). Wert ha vuelto a soltar la misma frase y la presentadora le ha interrumpido para preguntarle cuál es esa cantidad de la que presume… y la cara de Wert se ha convertido en un poema.
Wert se queda en blanco
Ha sido durante su entrevista en Los desayunos de TVE (la semana pasada fue su número dos Montserrat Gormendio, la que pasó por el programa de Mariló Montero y donde se pusieron “a su servicio). Wert ha vuelto a soltar la misma frase y la presentadora le ha interrumpido para preguntarle cuál es esa cantidad de la que presume… y la cara de Wert se ha convertido en un poema.
Wert se queda en blanco
Tras un momento de pánico, Wert se ha excusado alegando que “hay que esperar a la liquidación de 2012-2013″… es decir, que no tiene ni idea del dato, pero él lo suelta a ver si cuela. Ante la insistencia de la presentadora, el ministro ha dicho que en 2012 el gasto superó en un 8% el del año anterior.
El ministro del 1,27
Eso sí, por si acaso, enseguida ha cambiado la atención del asunto para señalar que “aquí lo importante es fijarse en lo que estamos haciendo y el sentido de lo que estamos haciendo”. Después ya ha venido su polémica teoría sobre si quienes no son capaces de sacar un 6,5 deberían seguir en la carrera que han elegido. Algo curioso viniendo de un ministro con una nota ciudadana de 1,27.
Los ciudadanos no son objetivos
Algo que ha salido a relucir durante la entrevista, ya que la periodista le ha preguntado si va a tener que esforzarse este verano por su suspenso. Wert, por supuesto, se ha mofado de la opinión ciudadana asegurando que “las notas que van a recibir los alumnos tienen criterios más objetivos que las que yo recibo”.
La verdad de los datos
Lo más curioso es que, aunque Wert ha repetido ya más de una vez su argumento de lo mucho que gasta el Gobierno de Rajoy en becas, sólo unas horas antes el dato había sido desmentido. Fue en el nuevo programa de Ana Pastor en La Sexta, El Objetivo, donde pusieron negro sobre blanco las cantidades, esta vez sí, con datos cuya fuente es el propio Ministerio de Educación.
La historia de las becas
Cuando Aznar entró al Gobierno, la cantidad destinada a becas era de 555 millones, y cuando se marchó la cifra era de 819 millones. Zapatero, cuando llegó al poder aumentó la cantidad a 836 millones en su primer año, y cuando acabó su segunda legislatura la cantidad había llegado a 1.750 millones, es decir más del doble de lo que gastaba al inicio.
Wert miente
¿Y el Gobierno de Rajoy y Wert? Pues en 2012, la cantidad destinada es de 1.505 millones de euros, 245 millones menos que en el último año del gobierno socialista. Desde Educación, como el ministro, avisan de que la cifra podría cambiar al hacerse la liquidación y podría ser un 2% más, lo que sumaría cerca de 30 millones de euros más, aún muy lejos de lo gastado por el Ejecutivo de Zapatero, que sí es el que en realidad más dinero destinó a esta materia “en la historia de España.
elplural.com - M.T. | 24/06/2013
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha 'vende' las excelencias de la gestión privada
José Ignacio Echániz.
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y miembro de la dirección nacional del Partido Popular, José Ignacio Echániz, está de tour de conferencias para hablar sobre el futuro de la sanidad española. Los títulos de sus intervenciones son: Innovación, Eficiencia y Buen Gobierno en la Sanidad o Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Este lunes 24 de junio la ha presentado en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid. Pero hace quince días, también estuvo de exposición en el hotel Vinci Soho de la capital. Entre sus premisas está que la gestión sanitaria privada “es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas”. Sin embargo, el descontento que se ha cristalizado en la marea blanca lo achaca a prejuicios ideológicos.
Cuando habla de innovación, no oculta que también se refiere a los ahora denominados “ nuevos modelos de gestión”, que suele abarcar a la “colaboración público-privada”. No puede rechazarse, dice, “por motivos ideológicos y los anuncia como instrumentos para “incentivar a los profesionales”. Es decir, asociarlo a retribuciones variables para los sanitarios. En ambas jornadas, Echániz ha defendido con vehemencia que las protestas que vienen conformando la marea blanca contra las privatizaciones están en la “demagogia, de discursos irresponsables con olor a naftalina que dejan a España como una estatua de sal”. Estas expresiones se repiten literalmente en sus escritos.
La entrada generalizada de empresas privadas en la gestión de los recursos y centros públicos de atención sanitaria se acelera en los últimos años. Desde la Comunitat Valenciana a la de Madrid pasando por la castellanomanchega (ahora dirigida por María Dolores de Cospedal con Echániz al cargo de la salud). De hecho, Cospedal anunció antes incluso que Ignacio González (presidente de Madrid) su intención de subastar la dirección de médica de hospitales en su región para contratistas privados. Sin embargo, Madrid la adelantó en la redacción de proyectos y salida a concurso de seis centros. Este mes se cerró el plazo de ofertas en Madrid. No ha existido ninguna competencia entre ofertantes (punto clave para la mejora económica según contaba el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty al presentar su programa de gestión privatizada de hospitales el 1 de noviembre de 2012: “Espero que se presenten muchas empresas y compitan entre ellas”, contaba para asegurar el ahorro que él presumía para las arcas públicas). Madrid no sedujo a muchas empresas. Sólo tres se presentaron: Ribera Salud, Sanitas e Hima Hospitales. Cada cual apuesta por hospitales diferentes. Reparto del mercado. De hecho, la Consejería de Sanidad redujo las exigencias económicas de los avales que las compañías deben presentar para allanar el camino a los contratistas.
El proyecto Cospedal-Echániz aún no ha echado a andar en forma de pliegos de condiciones, cuantía económica que pagará el Gobierno regional…etc. El dirigente popular en materia sanitaria insiste en que "no se privatizan hospitales" con la cesión a empresas. Lo que sí se ha producido es este despliegue por parte del que fuera también consejero de Sanidad de Madrid entre 1999 y 2003. Si la comparecencia de 10 de junio fue, según se relataba en la presentación de los convocantes, “ante una audiencia selecta”, la de Real Academia está patrocinada, según aparece en el programa por Br salud y el Grupo IMO. La primera es una unión de empresas que se adjudicó el laboratorio central de análisis público subcontratado por el PP de Madrid cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Compuesto por Ribera Salud y Balagué, Unilabs sustituyó a esta última en el control de la contrata. El Grupo IMO se dedica al tratamiento oncológico y en 2011, el grupo de inversiones de capital riesgo Nazca pagó 20 millones de euros para ser accionista. Los cuatro años anteriores a este movimiento, IMO había experimentado “fuertes crecimientos de más del 20% anual”. Ese año declaró “ventas superiores a los 25 millones de euros”, según la justificación de la inversión que hizo Nazca.
Raúl Rejón - eldiario.es - 24/06/2013
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y miembro de la dirección nacional del Partido Popular, José Ignacio Echániz, está de tour de conferencias para hablar sobre el futuro de la sanidad española. Los títulos de sus intervenciones son: Innovación, Eficiencia y Buen Gobierno en la Sanidad o Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Este lunes 24 de junio la ha presentado en la Real Academia Nacional de Medicina en Madrid. Pero hace quince días, también estuvo de exposición en el hotel Vinci Soho de la capital. Entre sus premisas está que la gestión sanitaria privada “es un ejemplo de cómo hacer bien las cosas”. Sin embargo, el descontento que se ha cristalizado en la marea blanca lo achaca a prejuicios ideológicos.
Cuando habla de innovación, no oculta que también se refiere a los ahora denominados “ nuevos modelos de gestión”, que suele abarcar a la “colaboración público-privada”. No puede rechazarse, dice, “por motivos ideológicos y los anuncia como instrumentos para “incentivar a los profesionales”. Es decir, asociarlo a retribuciones variables para los sanitarios. En ambas jornadas, Echániz ha defendido con vehemencia que las protestas que vienen conformando la marea blanca contra las privatizaciones están en la “demagogia, de discursos irresponsables con olor a naftalina que dejan a España como una estatua de sal”. Estas expresiones se repiten literalmente en sus escritos.
La entrada generalizada de empresas privadas en la gestión de los recursos y centros públicos de atención sanitaria se acelera en los últimos años. Desde la Comunitat Valenciana a la de Madrid pasando por la castellanomanchega (ahora dirigida por María Dolores de Cospedal con Echániz al cargo de la salud). De hecho, Cospedal anunció antes incluso que Ignacio González (presidente de Madrid) su intención de subastar la dirección de médica de hospitales en su región para contratistas privados. Sin embargo, Madrid la adelantó en la redacción de proyectos y salida a concurso de seis centros. Este mes se cerró el plazo de ofertas en Madrid. No ha existido ninguna competencia entre ofertantes (punto clave para la mejora económica según contaba el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty al presentar su programa de gestión privatizada de hospitales el 1 de noviembre de 2012: “Espero que se presenten muchas empresas y compitan entre ellas”, contaba para asegurar el ahorro que él presumía para las arcas públicas). Madrid no sedujo a muchas empresas. Sólo tres se presentaron: Ribera Salud, Sanitas e Hima Hospitales. Cada cual apuesta por hospitales diferentes. Reparto del mercado. De hecho, la Consejería de Sanidad redujo las exigencias económicas de los avales que las compañías deben presentar para allanar el camino a los contratistas.
El proyecto Cospedal-Echániz aún no ha echado a andar en forma de pliegos de condiciones, cuantía económica que pagará el Gobierno regional…etc. El dirigente popular en materia sanitaria insiste en que "no se privatizan hospitales" con la cesión a empresas. Lo que sí se ha producido es este despliegue por parte del que fuera también consejero de Sanidad de Madrid entre 1999 y 2003. Si la comparecencia de 10 de junio fue, según se relataba en la presentación de los convocantes, “ante una audiencia selecta”, la de Real Academia está patrocinada, según aparece en el programa por Br salud y el Grupo IMO. La primera es una unión de empresas que se adjudicó el laboratorio central de análisis público subcontratado por el PP de Madrid cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Compuesto por Ribera Salud y Balagué, Unilabs sustituyó a esta última en el control de la contrata. El Grupo IMO se dedica al tratamiento oncológico y en 2011, el grupo de inversiones de capital riesgo Nazca pagó 20 millones de euros para ser accionista. Los cuatro años anteriores a este movimiento, IMO había experimentado “fuertes crecimientos de más del 20% anual”. Ese año declaró “ventas superiores a los 25 millones de euros”, según la justificación de la inversión que hizo Nazca.
Raúl Rejón - eldiario.es - 24/06/2013
Berlusconi, condenado a siete años de cárcel e inhabilitado de por vida
A sus 76 años de edad, después de haber sido tres veces primer ministro de Italia y liderar el centroderecha durante las dos últimas décadas, Silvio Berlusconi empieza a recoger la cosecha de sus desvaríos políticos, empresariales y privados. Tras la condena por fraude fiscal en el caso Mediaset —ya solo pendiente del Supremo—, el político y magnate ha sido condenado ahora a siete años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por el llamado caso Ruby.
Las magistradas Giulia Turri, Orsola De Cristofaro y Carmen D’Elia han endurecido incluso la petición de condena realizada por la fiscal Ilda Boccassini, quien achacaba a Berlusconi sendos delitos de abuso de poder e inducción a la prostitución de menores. En vez de por inducción, el tribunal de Milán agrava la responsabilidad de Il Cavaliere y lo condena por constricción.
El pasado 13 de mayo, la fiscal Boccassini estuvo seis horas justificando ante la sala su petición de condena. También ayer, las tres magistradas deliberaron durante más de seis horas una sentencia que, aun sujeta a recurso, supone un golpe tremendo para Berlusconi, quien ha hecho todo lo posible —hasta encerrarse en un hospital fingiéndose enfermo— para evitar el desenlace.
Pero tras 27 meses de instrucción y 50 audiencias, el tribunal —que en los próximos días publicará la sentencia— se ha inclinado por dar validez a la versión de la fiscal. Boccassini consideró “fuera de toda duda” que el exjefe de Gobierno mantuvo relaciones sexuales pagadas con Karima el Marough, conocida por Ruby, cuando la joven marroquí aún no había cumplido los 18 años. Ilda Boccassini dejó constancia de que, durante la noche del 27 al 28 de mayo de 2010, el entonces primer ministro abusó de su poder al telefonear desde París a la comisaría central de Milán para que pusieran en libertad a Ruby, que había sido detenida por robo, alegando que era la sobrina del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak, y su detención podría originar un conflicto diplomático. Según la fiscal, Berlusconi ya sabía entonces que Ruby era menor de edad y de ahí que la verdadera razón de la llamada fuese evitar por todos los medios que saliera a la luz “el sistema de prostitución organizado en la mansión de Arcore para la satisfacción del placer sexual” del político y magnate. Pero aquella llamada sirvió justamente para lo contrario, para girar el foco de la justicia sobre los ángulos más turbios de la disipada vida —ya por entonces un secreto a voces en Italia— del político y magnate de los medios de comunicación.
La sentencia no solo enturbia aún más la carrera política de Berlusconi, sino que rodea de dudas la viabilidad del precario Gobierno de coalición que su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL), sostiene con el Partido Democrático (PD) del actual primer ministro, Enrico Letta. ¿Qué hará Berlusconi ahora? ¿Estará dispuesto a seguir hundiéndose en su infierno judicial mientras Letta juega el papel de estadista en los salones mundiales? No parece probable. Los medios italianos dan por hecho que Il Cavaliere, que en las últimas semanas ha optado por un perfil bajo, prepara una ofensiva televisiva para meter presión al Ejecutivo en busca de un respaldo difícil e improbable. Por lo pronto, anoche insistió en que es víctima de una confabulación: “Quieren eliminarme de la política. Es una sentencia increíble, violenta, pero yo resistiré. Seguiré luchando porque estoy convencido de mi inocencia”.
elpaís.com - Pablo Ordaz - Roma - 25 JUN 2013
lunes, 24 de junio de 2013
Wert: "Quizá el estudiante que no llega al 6,5 debería estar estudiando otra cosa"
"No es que les paguemos los estudios, es que les pagamos por estudiar", ha asegurado Wert en referencia a los estudiantes que obtienen becas, y ha señalado que "la pregunta que hay que hacerse es si ese estudiante que no puede conseguir un 6,5 está bien encaminado o debería estar estudiando otra cosa".
A su juicio, considerar que un universitario no va a poder optar a una beca con los nuevos requisitos "es asumir que hay una dificultad objetiva o una imposibilidad de sacar un 6,5" cuando la media del 1,5 millones de estudiantes universitarios está por encima de esa nota, ha asegurado. "Puede haber 1, 2 ó 5 estudiantes que no puedan optar a la beca" pero la pregunta que hay que hacerse es si es "lógico" que "además de pagarles los estudios", dado que las administraciones educativas sufragan más del 70% de los estudios universitarios de todos los alumnos, según datos de ministro, "les paguemos por estudiar", ha insistido.
Para Wert el "famoso" 6,5 de nota media para poder optar a una beca universitaria "no es una exigencia exagerada", ya que las becas no sólo se conceden para que estudien quienes no tienen suficientes recursos sino que "también son un componente de la política educativa, tiene una base social y se dan para que estudien". Además, según el ministro, "tampoco estamos hablando de umbrales de miseria" dado que para quedar exento del pago de tasas universitarias los ingresos brutos de una familia tipo (cuatro miembros) no deben exceder los 38.500 euros.
Wert ha hecho hincapié en que el mayor porcentaje de becas recae en las carreras "más exigentes" y ha insistido en que España no puede soportar su alta tasa de abandono escolar temprano.
El caso de la Universidad, ha explicado, es diferente ya que no hay un problema de número de alumnos que acceden, mientras que el número de alumnos que elige Formación Profesional nos coloca a la cola de Europa, por lo que, en su opinión, "todo el abandono escolar temprano tendría que ''recanalizarse'' a la FP".
cadenaser.com - AGENCIAS - 24-06-2013
Crece la presión para que España investigue los crímenes del franquismo
Valle de los Caídos, 2010 (EFE)
Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, exilio, trabajo forzoso, secuestro masivo de niños. Un plan sistemático y generalizado de extermino de disidentes políticos. Podríamos estar hablando de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil o Alemania, por ejemplo. Pero no, hablamos de España, del pasado reciente de nuestro país. Hablamos de los 150.000 casos de desapariciones forzadas, incluidos 30.000 niños, ocurridos en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista entre 1936 y 1975. Hablamos de crímenes de lesa humanidad que hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, siguen sin ser investigados.
Esto es lo que denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe “ El tiempo pasa, la impunidad permanece,” en el que describe la falta de voluntad de las autoridades judiciales españolas de cumplir con su obligación internacional de investigar estos crímenes abocando al desamparo judicial a cientos de miles de víctimas y a la negación absoluta de sus derechos fundamentales reconocidos por todos los órganos de derechos humanos como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El informe dibuja un escenario judicial poco esperanzador para las víctimas del franquismo: una tendencia continuada al archivo de las causas por parte de los jueces españoles siguiendo las tesis del Tribunal Supremo, en cuya sentencia del 27 de Febrero de 2012 ( proceso en el que el Juez Baltasar Garzón fue también acusado de un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar), la más alta instancia judicial española daba un portazo a la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo acogiéndose – de forma errónea por ser argumentos contrarios al derecho internacional, apunta AI - a la existencia de una Ley de Amnistía, la prescripción del delito, la ausencia de tipificación de los crímenes de derecho internacional cuando ocurrieron los hechos, el presunto fallecimiento de los autores y la existencia de una Ley de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo añadió a su sentencia que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".
Al desamparo judicial en nuestro país, Amnistía Internacional suma la continua falta de cooperación y presiones ejercidas por parte de las autoridades españolas sobre la Jueza argentina María Servini, quien, valiéndose del principio de justicia Universal, aceptaba a trámite de la querella “por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977”, interpuesta en Buenos Aires por víctimas españolas el 14 de abril de 2010. Trabas que incluso llevaron a la suspensión de las declaraciones testimoniales a través de videoconferencias en la Embajada argentina de España. Tampoco las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han abierto a la causa, inadmitiendo este tribunal todas y cada una de las demandas presentadas contra España en relación a la Guerra Civil y el franquismo, argumentando, en la mayoría de los casos, la negligencia de los demandantes por interposición tardía, ignorando así el periplo judicial al que España somete a las víctimas antes de acudir a Estrasburgo.
Ante este escenario de indefensión y de peregrinaje judicial de las víctimas del franquismo, algunas organizaciones como la Asociación Española para el Derecho Internacional (AEDIDH) , y la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por más de cincuenta asociaciones para la recuperación de la memoria, víctimas y familiares, han puesto en marcha una campaña internacional dirigida a las Naciones Unidas y las instituciones europeas para denunciar la situación de desprotección en la que se hallan y para exigir al Estado español la creación de una Comisión de la Verdad que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumpliendo así con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Se trata en definitiva, tal como lo define las Naciones Unidas, de un “órgano oficial, temporal y de constatación de hechos sin carácter judicial y que se ocupa de investigar abusos de los derechos humanos que se hayan cometido a lo largo de varios años,” un instrumento al servicio ya de 40 países que ha proporcionado una descripción completa de los crímenes cometidos en el pasado, contribuyendo a su investigación y posterior enjuiciamiento, y garantizando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la aplicación del Pacto sobre Derechos civiles y políticos ya recomendó a España en 2008 la creación de una "comisión de expertos independientes" encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, además de recordar a nuestro país la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la consiguiente invalidez de Ley de Amnistía de 1977, así como el derecho de familias a identificar y exhumar los cuerpos de las víctimas, y , en su caso, a ser indemnizadas. En este sentido se pronunció también el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de NNUU, quien recordó a España en 2009 el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación de ser investigado hasta que el paradero de la víctima no se haya aclarado, sin que una ley de amnistía suponga el fin del deber del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables. Recomendaciones todas ellas ignoradas, denuncian Amnistía Internacional, AEDIDH y la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
En consecuencia, indican estas organizaciones, pesa sobre España la obligación internacional de investigar los crímenes de lesa humanidad producidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista, de respetar la imprescriptibilidad de estos crímenes, y ofrecer a las víctimas el conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, dotando de recursos para ello y en caso de fallecimiento de una persona desaparecida, investigar su paradero, identificar y exhumar sus restos.
eldirio.es - Sheila Vélez - 23/06/2013
Ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, exilio, trabajo forzoso, secuestro masivo de niños. Un plan sistemático y generalizado de extermino de disidentes políticos. Podríamos estar hablando de las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil o Alemania, por ejemplo. Pero no, hablamos de España, del pasado reciente de nuestro país. Hablamos de los 150.000 casos de desapariciones forzadas, incluidos 30.000 niños, ocurridos en España durante la Guerra Civil y posterior represión franquista entre 1936 y 1975. Hablamos de crímenes de lesa humanidad que hoy, cuarenta años después del fin de la dictadura, siguen sin ser investigados.
Esto es lo que denuncia la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional en su último informe “ El tiempo pasa, la impunidad permanece,” en el que describe la falta de voluntad de las autoridades judiciales españolas de cumplir con su obligación internacional de investigar estos crímenes abocando al desamparo judicial a cientos de miles de víctimas y a la negación absoluta de sus derechos fundamentales reconocidos por todos los órganos de derechos humanos como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El informe dibuja un escenario judicial poco esperanzador para las víctimas del franquismo: una tendencia continuada al archivo de las causas por parte de los jueces españoles siguiendo las tesis del Tribunal Supremo, en cuya sentencia del 27 de Febrero de 2012 ( proceso en el que el Juez Baltasar Garzón fue también acusado de un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar), la más alta instancia judicial española daba un portazo a la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo acogiéndose – de forma errónea por ser argumentos contrarios al derecho internacional, apunta AI - a la existencia de una Ley de Amnistía, la prescripción del delito, la ausencia de tipificación de los crímenes de derecho internacional cuando ocurrieron los hechos, el presunto fallecimiento de los autores y la existencia de una Ley de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo añadió a su sentencia que "el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal".
Al desamparo judicial en nuestro país, Amnistía Internacional suma la continua falta de cooperación y presiones ejercidas por parte de las autoridades españolas sobre la Jueza argentina María Servini, quien, valiéndose del principio de justicia Universal, aceptaba a trámite de la querella “por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de Julio de 1936 y el 15 de Junio de 1977”, interpuesta en Buenos Aires por víctimas españolas el 14 de abril de 2010. Trabas que incluso llevaron a la suspensión de las declaraciones testimoniales a través de videoconferencias en la Embajada argentina de España. Tampoco las puertas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han abierto a la causa, inadmitiendo este tribunal todas y cada una de las demandas presentadas contra España en relación a la Guerra Civil y el franquismo, argumentando, en la mayoría de los casos, la negligencia de los demandantes por interposición tardía, ignorando así el periplo judicial al que España somete a las víctimas antes de acudir a Estrasburgo.
Ante este escenario de indefensión y de peregrinaje judicial de las víctimas del franquismo, algunas organizaciones como la Asociación Española para el Derecho Internacional (AEDIDH) , y la Plataforma por la Comisión de la Verdad, integrada por más de cincuenta asociaciones para la recuperación de la memoria, víctimas y familiares, han puesto en marcha una campaña internacional dirigida a las Naciones Unidas y las instituciones europeas para denunciar la situación de desprotección en la que se hallan y para exigir al Estado español la creación de una Comisión de la Verdad que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumpliendo así con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Se trata en definitiva, tal como lo define las Naciones Unidas, de un “órgano oficial, temporal y de constatación de hechos sin carácter judicial y que se ocupa de investigar abusos de los derechos humanos que se hayan cometido a lo largo de varios años,” un instrumento al servicio ya de 40 países que ha proporcionado una descripción completa de los crímenes cometidos en el pasado, contribuyendo a su investigación y posterior enjuiciamiento, y garantizando el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre la aplicación del Pacto sobre Derechos civiles y políticos ya recomendó a España en 2008 la creación de una "comisión de expertos independientes" encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura, además de recordar a nuestro país la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la consiguiente invalidez de Ley de Amnistía de 1977, así como el derecho de familias a identificar y exhumar los cuerpos de las víctimas, y , en su caso, a ser indemnizadas. En este sentido se pronunció también el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de NNUU, quien recordó a España en 2009 el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la obligación de ser investigado hasta que el paradero de la víctima no se haya aclarado, sin que una ley de amnistía suponga el fin del deber del Estado de investigar, procesar y castigar a los responsables. Recomendaciones todas ellas ignoradas, denuncian Amnistía Internacional, AEDIDH y la Plataforma por la Comisión de la Verdad.
En consecuencia, indican estas organizaciones, pesa sobre España la obligación internacional de investigar los crímenes de lesa humanidad producidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista, de respetar la imprescriptibilidad de estos crímenes, y ofrecer a las víctimas el conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, dotando de recursos para ello y en caso de fallecimiento de una persona desaparecida, investigar su paradero, identificar y exhumar sus restos.
eldirio.es - Sheila Vélez - 23/06/2013
domingo, 23 de junio de 2013
Unas declaraciones homófobas de Soria reflejan la verdadera identidad del PP
El actual ministro de Industria y expresidente de Canarias, José Manuel Soria, quedó retratado en unas declaraciones suyas, recuperadas ahora por un blog, en las que mostró su homofobia al referirse al exalcalde de Las Palmas Jerónimo Saavedra de una manera despectiva.
El actual ministro de Industria se expresaba así del exalcalde socialista de Las Palmas: “Jerónimo Saavedra pierde aceite”
“Jerónimo Saavedra lo que ha dado es un tremendo patinazo, Lo que me hace pensar que pierde más aceite que el que yo creí que perdía, con lo cual debe tener cuidado no vaya a ser que algún día de estos se quede en una posición incómoda. Y cualquiera sabe lo que le pudiera ocurrir”
Un socialista con una larga trayectoria política
El socialista Jerónimo Saavedra Acevedo tiene una larga trayectoria política. Fue alcalde de Las Palmas hasta 2011, y con los gobiernos de Felipe González fue ministro de Administraciones Públicas, de 1993 a 1995, y titular de Educación y Ciencia, entre 1995 y 1996. Fue también presidente de Canarias de 1983 a 1995.
Los valores del PP
Las declaraciones del actual ministro de Industria demuestran que los dirigentes del PP aunque se escondan bajo un manto de aparente progresismo representan los valores más conservadores y ultracatólicos, que evidenciaron con su recurso al matrimonio homosexual y ponen de manifiesto ahora con sus actuales proyectos de reformas de la ley del aborto y de Educación; en esta última con la imposición de la Religión.
elplural.com | 22/06/2013
sábado, 22 de junio de 2013
Wert abandona a los 10 minutos una reunión con estudiantes que había convocado él mismo
Wert, el breve.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, convocó este viernes una reunión con el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) para debatir el próximo sistema de concesión de becas y ayudas al estudio. Sin embargo, la reunión empezó a las 16.00 y Wert la abandonó a las 16.10, lo que le ha costado grandes críticas.
Según explicó en declaraciones a Europa Press el vicesecretario del Consejo, Ezequiel Valentín, el ministro dedicó unas palabras a dar la bienvenida a los asistentes y "en menos de diez minutos" abandonó la sala. Posteriormente, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado pidió la retirada del borrador del Real Decreto que regulará el sistema de concesión de becas y ayudas al estudio.
"Ni siquiera nos ha presentado el decreto", señaló Valentín, para destacar que esto ha generado que la reunión, que ha quedado en manos del director general de Política Universitaria, Federico Morán, tuviera un principio "muy tenso" que, sin embargo, se ha ido después suavizando, hasta llegar al acuerdo de abrir "un proceso de diálogo" que previsiblemente, cristalizará en "una reunión la semana que viene" con el ministro.
VALENCIANO: "ES LO QUE DURA SU CAPACIDAD DE DIÁLOGO"
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha criticado este sábado la actitud de Wert. "Diez minutos es lo que dura la capacidad de diálogo del ministro de la mala educación", ha expresado la dirigente socialista en su cuenta personal de Facebook y ha comparado al ministro con "ese conductor del chiste que circulaba en sentido contrario y llamó a la Guardia Civil para decirles que todo estaba lleno de conductores suicidas".
"Si nadie apoya su Ley, ¿no será él quién se equivoca? Piénselo ministro, o va usted a estrellarse", ha concluido la socialista.
Los estudiantes, por su lado, han trasladado al ministerio su intención de informar por escrito del borrador del Real Decreto con alternativas para regular el sistema de becas, y han recibido, al igual que ocurriese con las comunidades autónomas el martes y con los rectores el jueves, el compromiso de escuchar sus planteamientos.
"Rechazamos el modelo impuesto de cuantías fijas y variables e instamos al ministerio a recuperar el modelo anterior. El actual sistema de cuantías variables no premia el esfuerzo del estudiante como pretende hacer creer el Ministerio de Educación, la cuantía variable va a estar en función de las cuantías que el Ministerio asigne, las notas medias y el componente de renta", explica el colectivo en un comunicado.
Asimismo, han criticado que los umbrales de renta recogidos en el borrador del real decreto "llevan congelados desde 2011, cuándo el coste de la vida se ha encarecido en el país" y han denunciado que si ya se vienen produciendo continuas demoras en la resolución y pago de las becas y ayudas al estudio, el nuevo sistema "agrava esta situación, y provoca que muchos estudiantes se queden fuera del sistema al no poder hacer frente a los gastos que supone".
Otra de las reivindicaciones que han trasladado en la reunión es el incremento de las cuantías de las becas, así como recuperar los complementos para material escolar, transporte interurbano o el suplemento por estudiar en grandes ciudades.
EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: 22/06/2013
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, convocó este viernes una reunión con el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) para debatir el próximo sistema de concesión de becas y ayudas al estudio. Sin embargo, la reunión empezó a las 16.00 y Wert la abandonó a las 16.10, lo que le ha costado grandes críticas.
Según explicó en declaraciones a Europa Press el vicesecretario del Consejo, Ezequiel Valentín, el ministro dedicó unas palabras a dar la bienvenida a los asistentes y "en menos de diez minutos" abandonó la sala. Posteriormente, el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado pidió la retirada del borrador del Real Decreto que regulará el sistema de concesión de becas y ayudas al estudio.
"Ni siquiera nos ha presentado el decreto", señaló Valentín, para destacar que esto ha generado que la reunión, que ha quedado en manos del director general de Política Universitaria, Federico Morán, tuviera un principio "muy tenso" que, sin embargo, se ha ido después suavizando, hasta llegar al acuerdo de abrir "un proceso de diálogo" que previsiblemente, cristalizará en "una reunión la semana que viene" con el ministro.
VALENCIANO: "ES LO QUE DURA SU CAPACIDAD DE DIÁLOGO"
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha criticado este sábado la actitud de Wert. "Diez minutos es lo que dura la capacidad de diálogo del ministro de la mala educación", ha expresado la dirigente socialista en su cuenta personal de Facebook y ha comparado al ministro con "ese conductor del chiste que circulaba en sentido contrario y llamó a la Guardia Civil para decirles que todo estaba lleno de conductores suicidas".
"Si nadie apoya su Ley, ¿no será él quién se equivoca? Piénselo ministro, o va usted a estrellarse", ha concluido la socialista.
Los estudiantes, por su lado, han trasladado al ministerio su intención de informar por escrito del borrador del Real Decreto con alternativas para regular el sistema de becas, y han recibido, al igual que ocurriese con las comunidades autónomas el martes y con los rectores el jueves, el compromiso de escuchar sus planteamientos.
"Rechazamos el modelo impuesto de cuantías fijas y variables e instamos al ministerio a recuperar el modelo anterior. El actual sistema de cuantías variables no premia el esfuerzo del estudiante como pretende hacer creer el Ministerio de Educación, la cuantía variable va a estar en función de las cuantías que el Ministerio asigne, las notas medias y el componente de renta", explica el colectivo en un comunicado.
Asimismo, han criticado que los umbrales de renta recogidos en el borrador del real decreto "llevan congelados desde 2011, cuándo el coste de la vida se ha encarecido en el país" y han denunciado que si ya se vienen produciendo continuas demoras en la resolución y pago de las becas y ayudas al estudio, el nuevo sistema "agrava esta situación, y provoca que muchos estudiantes se queden fuera del sistema al no poder hacer frente a los gastos que supone".
Otra de las reivindicaciones que han trasladado en la reunión es el incremento de las cuantías de las becas, así como recuperar los complementos para material escolar, transporte interurbano o el suplemento por estudiar en grandes ciudades.
EL HUFFINGTON POST / AGENCIAS | Publicado: 22/06/2013
Wert es abucheado en el homenaje a Teresa Berganza en el Teatro Real
Un sonoro abucheo desde las localidades altas que no pudieron mitigar los aplausos desde el patio de butacas han recibido esta tarde al ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, cuando asistía junto a la Reina y la homenajeada a la gala en honor a Teresa Berganza en el Teatro Real.
Gritos de "fuera", a favor de "una enseñanza pública para todos" y de "dimisión", tensaron el ambiente en el inicio de una gala a la que además del ministro Wert asiste el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sentado en el patio de butacas.
Pasadas las 19.30 de la tarde accedían al palco real la Reina, el ministro Wert y Teresa Berganza, entre los aplausos del público que llena el teatro. A continuación se interpretó el himno nacional y salió al escenario el actor y director de teatro José Luis Gómez.
Gómez, en un saludo de bienvenida a todos los asistentes a la gala lírica, agradeció a la Reina su apoyo a la Cultura. Y, cuando dio la bienvenida a Wert, comenzaron los gritos de "fuera" y otras expresiones de desagrado contra el titular de Educación, bronca que desconcertó a otros asistentes a la gala lírica que, en desagravio, comenzaron a aplaudir al ministro.
Solo después de que José Luis Gómez dijera, no sin cierta dificultad, que el motivo de esta reunión era homenajear a Teresa Berganza, cesaron las protestas. Fue entonces cuando los mismos que abuchearon al ministro gritaron "brava " y "eres grande" a la mezzosoprano.
elpaís.com - EFE - Madrid - 21 JUN 2013
viernes, 21 de junio de 2013
La cúpula de la sanidad en Madrid, imputada por fraude y prevaricación
Juan José Güemes, el día que dimitió como consejero de Unilabs. / BERNARDO PÉREZ
El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada a principios de mes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra el proceso de privatización de la gestión sanitaria que Esperanza Aguirre emprendió en 2003. La querella se presenta por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 contra varios cargos y excargos, como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y contra las empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.
En su querella, Afem denunciaba supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012. Además, denunciaba "el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes" de la sanidad pública hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas, el llamado 'call center' sanitario. Otra de las alegaciones de Afem es "la ausencia de control en la facturación intercentros y la no reclamación a Capio de 1,5 millones de euros", lo que supondría un perjuicio a la Hacienda pública.
"Se trata de una maniobra política más del Partido socialista y de su sindicato afín. No tiene más significado. Simplemente lo que dice el juez es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín, en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión. Es un acto puramente de trámite", asegura el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, es unas declaraciones grabadas y enviadas a los medios por su Gabinete de prensa.
Afem se querelló contra todos los implicados en el proceso privatizador: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Burgueño Carbonell, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la Parra, representante de Fundación Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela Fernández; exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes Barrios, también exrresponsable de esta cartera, Unilabs y Asisa. Todos los cargos políticos están citados a declarar y deberán acudir con su abogado.
Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.
Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem, --elaborada por el bufete de abogados López Rodó & Cruz Ferrer, cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños-- son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio.
En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.
Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.
El País - Madrid - 21 JUN 2013
El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada a principios de mes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra el proceso de privatización de la gestión sanitaria que Esperanza Aguirre emprendió en 2003. La querella se presenta por posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 contra varios cargos y excargos, como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y contra las empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias, por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias.
En su querella, Afem denunciaba supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas: los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y 2012. Además, denunciaba "el trasvase injustificado, masivo y sistemático de pacientes" de la sanidad pública hacia clínicas concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas, el llamado 'call center' sanitario. Otra de las alegaciones de Afem es "la ausencia de control en la facturación intercentros y la no reclamación a Capio de 1,5 millones de euros", lo que supondría un perjuicio a la Hacienda pública.
"Se trata de una maniobra política más del Partido socialista y de su sindicato afín. No tiene más significado. Simplemente lo que dice el juez es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su sindicato afín, en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión. Es un acto puramente de trámite", asegura el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, es unas declaraciones grabadas y enviadas a los medios por su Gabinete de prensa.
Afem se querelló contra todos los implicados en el proceso privatizador: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Burgueño Carbonell, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la Parra, representante de Fundación Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo Ribera Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela Fernández; exconsejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes Barrios, también exrresponsable de esta cartera, Unilabs y Asisa. Todos los cargos políticos están citados a declarar y deberán acudir con su abogado.
Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está impulsando la Comunidad de Madrid.
Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona la extensa querella de Afem, --elaborada por el bufete de abogados López Rodó & Cruz Ferrer, cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños-- son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio.
En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró “temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.
Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.
El País - Madrid - 21 JUN 2013
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